La justicia reproductiva es justicia de discapacidad


La justicia reproductiva es justicia de discapacidad

En mayo de 2022, el pueblo de los Estados Unidos se enteró de que la Corte Suprema  planeaba anular Roe v. Wade, un fallo de 1973 que hace que el acceso al aborto sea seguro y legal.

Durante años hemos visto cómo estado tras estado aprueba leyes cada vez más restrictivas sobre el aborto. Sins Invalid sabe que si se anula Roe v. Wade, las personas discapacitadas racializadas y las personas discapacitadas queer y trans estaremos entre las poblaciones más perjudicadas por la falta de acceso al aborto y atención médica reproductiva.

El impacto aislador del capacitismo significa que las personas discapacitadas ya tenemos menos probabilidades de encontrar opciones seguras para interrumpir embarazos. Este contexto, junto con la lucha de las personas discapacitadas para obtener educación sexual y atención médica integral, significa que la revocación de Roe v. Wade, como las prohibiciones del aborto que la precedieron, será catastrófica para las personas discapacitadas.

Por un lado, el miedo a la discapacidad se ha utilizado como una herramienta para manipular las elecciones reproductivas de las personas, a veces con el resultado que las personas opten por abortos selectivos para evitar la discapacidad, lo que de hecho es eugenesia. Simultáneamente, las personas discapacitadas nos hemos visto obligadas a interrumpir embarazos bajo el pretexto de que no podemos ser buenes adres porque somos discapacitades.

El control violento y la opresión a los cuerpos de las personas por parte de los Estados Unidos no comenzaron cuando la Corte Suprema empezó a socavar a Roe v. Wade. Los ataques a la autonomía corporal iniciaron mucho antes que este momento a través de la conquista y colonización de las tierras y prácticas indígenas, a través de la deshumanización y cosificación de la esclavitud y la tortura de la gente negra.

Hemos visto esto a través de la imposición a los pueblos indígenas de internados/escuelas de resocialización. Hemos sido testigues de programas de eugenesia patrocinados por el gobierno en 32 estados y en Puerto Rico. La esterilización forzada de personas encarceladas, discapacitadas e inmigrantes son violaciones directas a los derechos humanos.

Hemos visto violencia estatal y opresión en el socavamiento constante de las empresas de personas negras y la epidemia de violencia contra las mujeres trans negras y las mujeres trans racializadas. Los intentos históricos de controlar los cuerpos que el gobierno considera “desviados” muestran que la autonomía corporal y la justicia reproductiva son cuestiones de derechos humanos.

Los intentos de prohibir el aborto conducen inevitablemente a conversaciones no consensuadas sobre los cuerpos de las mujeres, las personas intersexuales, trans y no binarias. En estas discusiones, debemos recordar cómo la justicia de discapacidad valora un análisis interseccional que nos obliga a considerar las complejidades de la justicia reproductiva en el contexto del capacitismo.

Los abortos ocurrirán sin importar si son legales o no, pero estas leyes son un acto de violencia. Elegir si convertirse en adre y cuándo hacerlo, es un principio básico de la justicia reproductiva.

Las personas pobres y de clase trabajadora no podrán negociar las barreras que impone la legislación y, en cambio, se verán obligadas a realizar prácticas inseguras para interrumpir sus embarazos. Las personas embarazadas ya han sido criminalizadas y encarceladas por abortos espontáneos o por haber sido percibidas como interruptoras de sus embarazos, y estas leyes solo encarcelarán a poblaciones más vulnerables.

Estas leyes y fallos perjudican a las comunidades racializadas, ya que las personas negras y de otras razas marginadas siempre se ven afectadas de manera desproporcionada por la criminalización. Este ataque a Roe v. Wade existe para llenar las cárceles y prisiones de Estados Unidos con mano de obra no remunerada, separar a las familias a través del encarcelamiento y alimentar la injusta maquinaria del sistema estatal de crianza temporal. 

Les jueces pueden tratar de controlar nuestros cuerpos, pero las mujeres, las personas no binarias, las personas trans y las personas con discapacidad no somos objetos para ser contenidos o manipulados. Somos seres humanos que merecemos cuidado y opciones, y no permitiremos que se nos niegue nuestra autonomía.

Sins Invalid apoya plenamente a cada individuo para que tome las decisiones reproductivas que mejor se adapten a su contexto y necesidades. El acceso a la información, la atención médica de calidad y la autonomía en la toma de decisiones son esenciales para el bienestar de todes. Todes merecen autonomía y el derecho a hace la mejor elección para sí misme y sus futuros. La justicia reproductiva es justicia de discapacidad.